En México, hemos construido empresas de primer mundo operando en un entorno que no siempre está a la altura. Empresas que cumplen, que invierten, que se certifican, que pagan impuestos, que capacitan talento y que apuestan por la innovación. Empresas que hacen lo correcto, aun cuando hacerlo es cada vez más costoso.
El problema no es la exigencia. 
El problema es la asimetría.
Hoy, desde el ámbito federal, se exige a las empresas un nivel de cumplimiento cada vez más alto, mientras el propio Estado mexicano no corrige sus fallas estructurales. Se pide formalidad absoluta en un entorno de trámites complejos; puntualidad fiscal en un sistema que cambia reglas sin aviso; cumplimiento regulatorio en plataformas que no funcionan; inversión en un contexto de incertidumbre jurídica. Esa contradicción no es menor: es una amenaza directa al desarrollo.
El costo de esta asimetría ya no es abstracto. El propio INEGI ha documentado que más del 30 % de las empresas en México han sido víctimas de algún delito, y que para muchas de ellas la inseguridad, la extorsión y los pagos informales se han convertido en un gasto operativo más, tan real como la nómina o los impuestos. Cuando el entorno institucional falla, el costo no lo asume el Estado: lo absorbe la empresa.
Lo he dicho antes y lo sostengo: exigir todo a las empresas sin corregir al Estado es una contradicción peligrosa. No porque la legalidad sea negociable - no lo es -, sino porque la formalidad no puede convertirse en un castigo cuando el entorno institucional no ofrece certezas equivalentes.
Las empresas cumplen con estándares globales. El Estado, muchas veces, opera con lógicas del pasado.
Y esa brecha tiene consecuencias. Cuando cumplir se vuelve excesivamente caro, lento o incierto, la inversión se frena, el crecimiento se pospone y la expansión se replantea. En el peor de los casos, se empuja a miles de MiPyMEs a la inmovilidad o a la informalidad, no por convicción, sino por sobrevivencia.
El Presupuesto Federal 2026 es un ejemplo claro de esta disonancia. Se endurecen las exigencias, pero se mantienen ausentes los instrumentos que realmente fortalezcan a las MiPyMEs: acompañamiento, transición ordenada a la formalidad, productividad, financiamiento, simplificación y tecnología. No es un descuido menor. Es una señal preocupante, porque cuando el presupuesto ignora a las MiPyMEs, se ignora al corazón del aparato productivo nacional.
Y no se trata de pedir privilegios.
Se trata de exigir coherencia.

Un país no puede aspirar a competitividad global si su aparato estatal no acompaña el esfuerzo productivo. No puede hablar de crecimiento si el cumplimiento se vuelve un laberinto. No puede pedir inversión si no garantiza reglas claras, instituciones funcionales y un mínimo de certidumbre.
Querétaro ha demostrado que, con talento, industria y visión, se puede competir a nivel global. Pero incluso los ecosistemas más sólidos se desgastan si el marco federal no acompaña. Ninguna empresa, por eficiente que sea, puede compensar indefinidamente a un Estado ineficiente.
La pregunta para 2026 no es si las empresas deben cumplir.
La pregunta es si el Estado mexicano está dispuesto a estar a la altura de lo que exige.
Porque el desarrollo no se construye solo con empresas de primer mundo. Se construye cuando el Estado deja de ser un obstáculo y se convierte, por fin, en un facilitador.

Beatriz Hernández Roja

Presidenta de COPARMEX Querétaro