En su iniciativa de reforma constitucional, el Ejecutivo apuesta por un modelo que limita al mínimo la inversión privada, entre otros asuntos nada atractivos para nuestro paÍs.
Y como consecuencia de la misma se impactan tres garantías:
-la libre competencia,
-la competitividad en el sector eléctrico, y
-la procuración de un medio ambiente sano y sustentable.
¿Qué implicaciones tiene para el sector privado que se le dé prioridad a la CFE entre las fuentes que despachan energía al Sistema Eléctrico Nacional?
1. De manera directa afectará a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias, mediante parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o traer inversiones.
Recordemos que nuestro país tiene una riqueza sobresaliente en recursos solares y eólicos, y con factores meteorológicos (nubosidad, viento, radiación solar) muy predecibles, lo que hace que las inversiones en la materia sean muy firmes. Sin embargo, con la reforma que se quiere hacer, este tipo de inversiones dejaría de ser atractivo.
2. En los grandes consumidores de electricidad, es decir, para los que están en el Mercado Eléctrico Mayorista, el cual es operado por el Cenace, el servicio de electricidad, se podrá encarecer.
Para los pequeños consumidores de suministro básico, la ausencia de subastas para la compra de energía también encarecerá el servicio.
¿PODRÍA HABER UN IMPACTO EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA?
Toda la industria eléctrica tiene correlación con la industria de los combustibles, porque para producir electricidad necesitas combustible.
Entre 70% y 80% del costo de la electricidad tiene que ver con cuál combustible se utiliza para su generación.
El problema es que, si únicamente impulsas determinadas fuentes, como combustóleo y diésel, podrías tener grandes reservas de combustible y con eso asegurar la generación de energía eléctrica, pero ello también requiere tener infraestructura de almacenamiento. Necesitas tener un equilibrio.
En estos momentos, dependemos de Estados Unidos y, específicamente, del Estado de Texas, porque, aunque México cuenta con grandes reservas de gas natural, éstas se encuentran bajo tierra y no han sido procesadas. Por lo tanto, tenemos que importarlo y, mientras sigamos dependiendo del combustible estadounidense, existe el riesgo de que se presenten cortes en el suministro y se registren apagones, como ocurrió hace unos días, cuando se congelaron los ductos que nos abastecían desde Texas.
¿EXISTE ALGÚN BENEFICIO QUE PUEDE TRAER ESTA INICIATIVA PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA?
Los argumentos en favor de la reforma señalan que existe cierto desorden en el sector eléctrico nacional, debido a los permisos que fueron otorgados en el sexenio pasado. Desde mi perspectiva, muchos permisos no significan desorden.
Lo que representan es que hay muchos interesados en el mercado, los cuales finalmente operan bajo la regulación de la CRE y deben ordenarse, precisamente, obligándoles a cumplir con determinada regulación, bajo los permisos que se les otorguen.
Otros motivos que se exponen son que, con esta reforma, el Estado pretende recuperar la rectoría sobre la generación de la energía eléctrica, regresando a la CFE facultades y dándole prioridad en el despacho de energía para el SEN.
Lo que hay que recordar es que la generación y la comercialización de la energía eléctrica, según la Carta Magna, puede ser realizada por particulares; es decir, hay libre competencia. Lo que sí es exclusivo de la CFE es la transmisión y la distribución de la electricidad, y hacia allá podrían orientarse los esfuerzos.
A NIVEL MUNDIAL, ¿DÓNDE NOS COLOCARÍA UNA LEGISLACIÓN DE ESTE TIPO?
Las últimas subastas de energía eléctrica que organizó México nos colocaron en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a la capacidad instalada de energía eólica. Además, tuvimos el récord de obtener la electricidad más barata de todo el mundo.
En este momento, aún de libre competencia para obtener energías más baratas y limpias, la iniciativa de reforma nos pone en una posición diferente frente al movimiento mundial que busca dejar atrás los combustibles contaminantes (fósiles).
También está de por medio el Acuerdo de París, del cual forma parte México y que impone ciertas obligaciones a los países para apoyar la transición energética y combatir el cambio climático.
Además, incumpliríamos nuestra propia Ley de Transición Energética, que establece metas muy retadoras para las empresas hacia el 2024, acerca de energías limpias, que se observan complicadas de alcanzar si no se incentivan estas mismas.
Es importante resaltar que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es un tema que impacte solo a los inversionistas o a las transnacionales.
Se trata de un asunto que tendrá un efecto en la sociedad civil y en la ciudadanía. La electricidad, en el mundo actual, es el fundamento de la actividad económica, empresarial y de los particulares.
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